Propondremos una figura de contratado laboral fijo (contratado doctor o similar) mientras el profesor o profesora pasa de ayudante doctor a titular. El profesorado joven debe poder tener estabilidad cuanto antes. No es un problema solo de la universidad, sino de país. Con las condiciones laborales de nuestra universidad es difícil que las nuevas generaciones puedan planificar adecuadamente su vida.
La nueva ley de universidades (LOSU) propone fórmulas muy interesantes para incorporar como permanentes a profesores asociados que son doctores. En algunas áreas esto supone el fortalecimiento de las disciplinas y habrá que analizarlo.
Las listas de acreditados sin plaza serán públicas (siempre que no haya objeción por parte de algún profesor o profesora a que aparezca su nombre). Estarán en la portada de la web. Se sabrá en todo momento quiénes van obteniendo sus plazas y la antigüedad de aquellos a los que aún no les ha llegado su turno. La dignidad del profesorado debe estar siempre por encima del empeño de un vicerrector para que le deban favores. Un acreditado sin plaza debe ser una preocupación constante para un rector y nada mejor que recordárselo con una lista pública. Tiene que existir transparencia. El mérito de que la universidad tenga más funcionarios es exclusivamente de los acreditados (al margen de políticas coyunturales de los diferentes gobiernos).
Los puestos ejecutivos de designación de la universidad serán por convocatoria pública, con bases transparentes y objetivas: desde la dirección del Centro de Postgrado o Doctorado hasta la de la Escuela Internacional o la dirección de residencias y otros muchos. Se publicarán los baremos y criterios de selección. No pueden ser puestos de pleitesías, porque una universidad pública nunca funcionará con esos mecanismos de nepotismo.
El Centro de Formación Continua tendrá una comisión cuyos miembros serán elegidos por sorteo entre toda la comunidad universitaria y que determinará qué másteres se implantan o se eliminan, pero siempre atendiendo a los intereses de la comunidad universitaria, no de las empresas.
Las comisiones asesoras en toda la universidad serán por sorteo entre el personal de todos los estamentos de la Universidad (incluido el alumnado) y tendrán total independencia de criterios. Serán renovables cada año o, como mucho cada dos años, de forma que participe la mayor parte de la comunidad universitaria. Nunca se les llevará un tema cerrado y jamás se le pedirá a la comisión que avale algo sin darle toda la información o sin recabar todos los datos necesarios. La resolución debe ser justa, objetivada en méritos cuantificables y sujeta al ordenamiento jurídico (es decir, que se pueda reclamar en tiempo y forma).
Analizaremos en el claustro -cuyas sesiones deben ser retransmitidas por streaming– los pro y contras de sacar el capítulo 1 (personal) del presupuesto de los departamentos, de forma que la convocatoria de plazas no suponga sobrecostes para el departamento. Es lo que hacen, prácticamente, todas las universidades españolas. Soy consciente de que hay departamentos a favor y en contra, pero habrá que votarlo en el claustro cuando se redacten los nuevos estatutos.
Estableceremos un observatorio que vigile la dignidad del profesorado y que dependa directamente del Vicerrectorado de Profesorado. Es decir, que tome medidas resolutivas muy claras y rápidas en el caso de que un/a profesor/a sienta que se le hace mobbing en su departamento. La salud mental debe ser prioritaria. Numerosos estudios advierten del deterioro de la salud mental en los entornos académicos. Debe eliminarse el ambiente tóxico de algunos departamentos: el conocimiento nunca ha prosperado en esos entornos; y la universidad es un sitio de creación de conocimiento.
Potenciaremos la interdisciplinariedad a todos los niveles. El profesorado debe tener libertad para investigar y acreditarse en cualquier área de conocimiento, sobre todo en aquellas que están en las fronteras de disciplinas que, muchas veces, no dejan de ser clasificaciones artificiales. La adscripción a un departamento es una circunstancia administrativa, no necesariamente científica. El profesor o profesora debe tener total libertad para investigar en el área que crea conveniente (y acreditarse por ella).
El castellano es, de momento, el idioma oficial de la Comunidad de Madrid. Es ilegal la imposición en el trabajo de una lengua no oficial. La docencia en inglés será voluntaria y con incentivos concretos a ese profesorado.
Valoraremos en el claustro modificar la asignación presupuestaria de los departamentos. Esta será bajo parámetros de universidad pública. En la asignación de los departamentos valoraremos también el “soft power” como está recogido en mi programa electoral ampliado. Y también se tendrán en cuenta factores correctores sobre cómo se distribuye el dinero de investigación en España (más explicado en el programa general).
El claustro tendrá que modificar los estatutos de la universidad para adaptarlos a la LOSU. Propondremos una votación para establecer si nos conviene la figura del profesor funcionario a tiempo parcial como sucede en otras universidades. En algunas áreas, el contacto directo con las empresas, la administración o los medios es tan relevante como la publicación de papers. La universidad no puede estar aislada de la sociedad. Y el único nexo con la vida real de la profesión no pueden ser sólo los asociados. Eso debilita mucho la potencialidad de una universidad como la nuestra que está ubicada en Madrid: el centro del poder político, administrativo, judicial, mediático o empresarial.
Estudiaremos a fondo, y con datos técnicos, la posibilidad instaurar la docencia online para algunas titulaciones.Nos permitirá crecer sin construir más edificios, disminuir los traslados y sus efectos en el cambio climático y, sobre todo, acceder a alumnado de fuera de la comunidad de Madrid e, incluso, a profesorado.
No se trata de renunciar a la presencialidad, pero no podemos permitir lo que sucede ahora: que el poderosísimo lobby de las universidades privadas influya para dejar el negocio de la formación online solo en ellas.
Incentivaremos que toda la comunidad universitaria vote temas que le incumben y que, luego, se debatirán en el claustro: desde la posibilidad de docencia online hasta la imagen corporativa o puntos controvertidos de nuevos estatutos que habrán de redactarse. La tecnología digital permite sondear a la comunidad universitaria y que esta sea partícipe de todas las decisiones.
Los institutos de investigación tienen que ser la piedra angular de la creación de conocimiento de la universidad. Los departamentos son unidades administrativas de ordenación docente, pero en España carecen de la flexibilidad para potenciar la interdisciplinariedad, que es la base de la investigación disruptiva, y que sí tiene un instituto. Como explico en mi programa ampliado, los institutos de investigación son el verdadero tejido investigador en universidades de prestigio como Cambridge.
